La Tribuna de Navarra


MIENTRAS ARRECIA LA PRESIÓN SOBRE EL TRIBUNAL SUPREMO Y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA SALVAR A GARZON
Zapatero sale al quite de nuestro juez “estrella”
Zapatero ha sido el último gran fichaje de la plataforma “progresista” de apoyo al juez Baltasar Garzón, que se enfrenta a tres causas judiciales en el Tribunal Supremo. Con ocasión de la I Cumbre entre la UE y Marruecos, el presidente del Gobierno –después de manifestar su “respeto a las afirmaciones y pronunciamientos” de la Justicia–, defendió al controvertido juez de la Audiencia Nacional por su “valentía” frente a ETA.
8 de marzo de 2010, Tribuna de Navarra.- Las declaraciones del presidente se produjeron poco después de que Garzón denunciara la “cruel campaña” del Partido Popular para expulsarle de la carrera judicial. En un escrito dirigido al Consejo General del Poder Judicial, el juez se presenta como la víctima de una conspiración política provocada por su investigación sobre la trama de corrupción del caso Gürtel. Garzón solicita al Consejo que no acuerde la suspensión de sus funciones y recusa a tres de sus vocales por supuesta animadversión. Se trata de Fernando de la Rosa, ex consejero de Justicia del Gobierno de Camps, Gema Gallego, la juez que pretendió el enjuiciamiento de tres policías acusados de diversas falsedades en el caso del ácido bórico encontrado en poder de un islamista –que resultaron ser ciertas, aunque la Audiencia no las considerara delictivas– y, lo que aún es más sorprendente, de la “progresista” Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Seguridad con el ministro Belloch, a la que acusa de impulsar la iniciativa de suspenderle antes de que el Tribunal Supremo decida si, finalmente, le sienta en el banquillo. Durante los últimos días ha arreciado la campaña a favor del juez Garzón por parte de sectores que pretenden convertirle en una víctima de la extrema derecha por tratar de enjuiciar los crímenes del franquismo, lo que es una clara manipulación porque de lo que se trata es de dilucidar si cometió prevaricación por el hecho de abrir un proceso con manifiesta incompetencia para ello, con el fin de proceder a la apertura de fosas comunes, asunto que compete a los jueces ordinarios con arreglo a las prescripciones de la ley de la memoria histórica. Otro de los casos por los que investiga el Tribunal Supremo al juez Garzón es el relativo a los 320.000 dólares que percibió durante su estancia en los Estados Unidos y que fueron pagados por el Banco de Santander a la Universidad de Nueva York para financiar una serie de conferencias dictadas por Garzón. Éste.alega que fue contratado por dicha Universidad sin relación alguna con los fondos recibidos del Banco de Santander. Sin embargo, el propio Garzón agradeció a Emilio Botín su generosa aportación, según se desprende de la correspondencia enviada al Tribunal Supremo por la propia entidad bancaria. Al regresar a España, Garzón decretó el sobreseimiento de Botín en una querella interpuesta contra él. . En el tercero de los procedimientos abiertos en el alto Tribunal se acusa a Garzón de haber ordenado la intervención de las conversaciones mantenidas en la cárcel por el principal acusado del caso Gürtel con su abogado. El hecho de que el Supremo haya admitido la personación de Correa en esta causa ha venido como Dios a ver a Garzón, que ha podido presentarse como una víctima de la trama corrupta. Se olvida que Correa está en pleno ejercicio de sus derechos civiles y tiene todo el derecho a ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico otorga a cualquier ciudadano que ha sido objeto de una vulneración de sus derechos constitucionales. Lo que está fuera de discusión es que el juez Garzón está en estos momentos incapacitado para ejercer su función con objetividad, imparcialidad y dedicación. Al denunciar la existencia de una conspiración política contra él orquestada por el Partido Popular demuestra que su estado anímico no es el más adecuado para quien tiene en su mano la instrucción de asuntos, como el caso Faisán, en los que el Gobierno está gravemente comprometido. No es de extrañar que Zapatero haya salido en defensa del juez que estuvo a punto de acabar con el propio Felipe González, aunque no llegara a despejar la X con la que Garzón designó al responsable último de los GAL. Mientras no se aclare su horizonte penal, Garzón debe dedicar su tiempo a defenderse de las imputaciones de las que ha sido objeto por el Tribunal Supremo. Mientras no se decrete el sobreseimiento de las actuaciones, la suspensión provisional de sus funciones viene exigida por el decoro que debe rodear la actuación de la Justicia. Un juez presuntamente prevaricador no está legitimado para pronunciarse sobre la culpabilidad de nadie. Y esta triste situación de Garzón nada tiene que ver con su valentía en la lucha contra ETA, que no puede servir de patente de corso para situarse por encima de la ley. Por otra parte, la presión que los sectores “progresistas” sobre el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial son absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho.

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