| 30 de julio de 2010. Tribuna de Navarra.-
La llamada del ministro se produjo a raíz del anuncio de la presentación por la Senadora Caballero de una serie de preguntas en las que recababa información sobre las excarcelaciones. Rubalcaba, según ha revelado el consejero Alberto Catalán, manifestó que la nueva política penitenciaria se acomoda al marco legal vigente y que ya fue puesta en práctica por Gobiernos anteriores. La idea del Gobierno es debilitar al colectivo de presos, que son rehenes de la banda terrorista ETA. Sanz se conformó con esta explicación del ministro y Catalán afirmó que el ejecutivo foral aboga “por el mayor consenso posible en materia antiterrorista”.
La complacencia del Gobierno de Navarra con la política de Zapatero es contraria al acuerdo por la paz y la tolerancia suscrito en 1988 por las principales fuerzas políticas navarras. En dicho acuerdo se admite la reinserción como instrrumento válido en la lucha contra el terrorismo en el marco de una solución dialogada que tenga por objeto el desistimiento de ETA, sin ninguna concesión de carácter político. El acuerdo especifica que “en una solución dialogada para la conclusión definitiva de la violencia, apoyamos la aplicación para quienes abandonen el uso de la misma”.
Eso quiere decir que sólo si se produce el desistimiento o la rendición de ETA podría procederse a la aplicación de medidas de reinserción, algo que parece haber olvidado el presidente del Gobierno foral.
El pacto de Ajuria Enea de 1987 si establece la posibilidad de la reinserción con independencia del final dialogado. Esto es lo que decía el punto noveno de dicho acuerdo: “Consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto”.
El PPN contrario a la excarcelación de idoia López Riaño, alias “La Tigresa”
En un comunicado hecho público ayer, el Partido Popular de Navarra califica de “verddero escándalo” que se apliquen beneficios penitenciarios a Idoia López Viana, condenada por el asesinato de dos docenas de personas. Su traslado a la prisión alavesa de Nanclares de Oca “sin que medie un arrepentimiento veraz ni reparación a las víctimas es una ofensa a todos los ciudadanos cuyas libertades se ven amenazadas por el terrorismo”.
El PPN también ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, tras conocer por la prensa que el ministro del Interior le había telefoneado para explicarle algunos aspectos de la política penitenciaria respecto a los presos de la ETA, como ya hemos informado.
"Las conversaciones –dicen los populares navarros– que tienen lugar dentro del ámbito de relación institucional" deben ser "transparentes y convenientemente comunicadas a la opinión pública". El PPN, que considera "exigible" que Sanz "explique a la opinión pública navarra lo hablado con Rubalcaba, e informe de si en la responsabilidad institucional que le corresponde está de acuerdo con las medidas tomadas por el Ministerio del Interior", máxime cuando es este un asunto que produce “alarma social y que genera no pocas interpretaciones y preocupaciones".
El PPN denuncia, asimismo, que el PP no ha recibido ninguna explicación del ministro Rubalcaba “y las que en algún momento ha alegado son absolutamente insuficientes".
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