| El 4 de mayo de 2006 el dueño del bar Faisán fue avisado telefónicamente para que no acudiera ese mismo día a Francia con el dinero producto del “impuesto revolucionario” porque iba a ser detenido. Por el momento en estrictos términos de responsabilidad política es obvio que a tenor de los hechos Zapatero y Rubalcaba son las “equis” del caso Faisán. Es impensable que policías bajo su mando dieran el chivatazo sin haber recibido órdenes superiores. ¿Alguien puede creer que el Director General de la Policía y el Jefe Superior de Policía del País Vasco – imputados en las actuaciones sumariales – urdieran y ejecutaran esta operación por su cuenta y riesgo dada su especial posición de confianza en la estructura de mando del Ministerio del Interior?. Es evidente que no.
Todas las semanas Rubalcaba elude contestar a la cuestión en el Congreso desde el pasado mes de octubre. Un silencio culpable que se inscribe en la misma tónica seguida por el juez Garzón – instructor actual del caso - que ha tenido dormido el asunto durante tres años. Una vergonzosa huida parlamentaria del Ministro que se hace más notable porque el Fiscal ha solicitado el archivo de la causa – es decir que triunfe la impunidad - cuando en el sumario existen indicios suficientes para vertebrar la acusación. Ha tenido que ser el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el que haya instado la necesidad de agotar al máximo la investigación ante la existencia de posibles delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos que son de gravedad inusitada en la lucha contra el terrorismo. Por su parte el conjunto de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía han insistido en que no se ha profundizado en el esclarecimiento de los hechos y que es imprescindible la averiguación definitiva de los mismos.
La lógica dice que el chivatazo solo pudo decidirse en las más altas instancias gubernamentales. El motivo parece claro. Se hizo para proteger los intereses particulares del Gobierno en la negociación con ETA. Se hizo también para evitar que la operación contra la red de extorsión etarra se realizara en la fecha prevista ya que ese mismo día el Presidente del Gobierno recibía al líder del PNV que iba a expresarle su apoyo a la negociación con los terroristas. En la citada operación policial existía orden del juez para la detención de un conocido dirigente de este partido por haber mediado entre empresarios amenazados por ETA y el recaudador de la banda que era el dueño del bar Faisán. La relación de causalidad no ofrece duda.
La existencia del chivatazo revela, además, que el Ministro del Interior no dijo la verdad en los llamados “informes de verificación” que elaboró para avalar el inicio del diálogo con ETA sobre la base de que ésta había paralizado efectivamente toda su actividad criminal incluidas las tareas de chantaje económico. Se jugó tramposamente para servir a conveniencias oscuras incurriendo en un grave ilícito político ético y penal. Téngase en cuenta que uno de los representantes del Gobierno en las conversaciones con ETA – amigo de Rubalcaba y de Garzón y hoy miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE – afirmó cara a cara ante los terroristas que ese chivatazo fue dado como prueba de la buena fe de Zapatero para el mejor desarrollo de lo que algunos llamaron “el proceso de paz”. Una invocación que sustancia el origen del chivatazo y pone contra las cuerdas a todos aquellos que intentaron e intentan ocultar la trama de lo sucedido.
La suma de los detalles de este hediondo asunto incide en la conclusión de que el chivatazo se ordenó desde la máxima cúpula del poder político. Zapatero y Rubalcaba saben quién dio el chivatazo, por qué se gestó, cómo se organizó y de quién partió la decisión en última instancia. ¿Por qué si no el Ministro del Interior jamás promovió una investigación interna para aclarar lo sucedido?. ¿Por qué no ha abierto expediente a los funcionarios implicados?. ¿Por qué el Comisario General de Información que es el máximo responsable del CNP en la lucha antiterrorista tardó tres días en comunicar al juez Marlaska – sustituto entonces de Garzón que andaba por Nueva York – la existencia de ese chivatazo?.¿Por qué desde esa misma Comisaría General se alertó a los mandos policiales investigados por Marlaska que sus teléfonos estaban judicialmente intervenidos?. ¿Por qué se intentó apartar a Marlaska de la investigación hasta que volviera Garzón ofreciéndole para ello un goloso destino en el extranjero?. ¿Por qué el Director General de la Policía utilizó un número de teléfono de tarjeta prepago para hablar con el Secretario de Estado de Seguridad que era el mismo número que se había entregado a uno de los negociadores etarras para que lo utilizara si tenía algún problema?. ¿Por qué se ha tratado de desacreditar y presionar al Inspector Jefe que dirigió la investigación del chivatazo bajo las órdenes de Marlaska?. ¿Por qué el juez tuvo que ordenar a ese inspector que no diera ningún detalle sobre el caso al entonces Comisario General de Información a la vista de la extraña actuación de éste último?. ¿Por qué todos los policías intervinientes directa o indirectamente en el chivatazo han sido recompensados de una u otra forma?. Y así, uno tras otro se abren numerosos interrogantes por resolver. Preguntas claves que Rubalcaba no contesta porque está atado por la dinámica de lo sucedido y eso le impide decir la verdad. Los denodados esfuerzos por confundir a la opinión pública argumentando que finalmente la red de extorsión etarra fue detenida inciden en la falsedad por dos razones. En primer lugar porque esa detención se llevó a cabo mes y medio después del día señalado – aunque también sobre esto mintió Rubalcaba ante el Congreso diciendo que fueron solo quince días – de manera que la banda tuvo tiempo suficiente para minimizar los efectos prácticos de aquélla caída. En segundo término porque la detención de esa red no tiene nada que ver con la naturaleza real y el alcance del caso Faisán y por éste no solo no hay detenidos sino que el Ministerio del Interior puso todos los medios a su alcance a fin de boicotear la investigación judicial de Marlaska contando después con la pasividad de Garzón y haciendo un uso espúreo de la Fiscalía para liberar a los imputados de un horizonte procesal que podría terminar afectando al propio Gobierno.
Conviene recordar que el chivatazo se produce en un contexto en el que Zapatero glosaba a Otegui como “hombre de paz”, Conde Pumpido decía que la Ley se debía acomodar al ritmo de la jugada y De Juana Chaos se burlaba de la sociedad española porque el Gobierno se lo permitía. Por eso el chivatazo fue y sigue siendo un atentado contra la Democracia, contra el Estado de Derecho, contra los miles de hombres y mujeres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que diariamente se juegan la vida para vencer a ETA y contra las víctimas del terrorismo. Un montaje nauseabundo que se gestó porque Zapatero y Rubalcaba creyeron que podían orillar la Ley a su antojo bajo el manto protector del Fiscal General del Estado y del secreto. Jamás pensaron que el chivatazo llegaría a conocerse públicamente y por eso ahora callan y tienen miedo. Sienten pavor a que se dicte auto de procesamiento contra los imputados porque temen que si el Ex Director General de la Policía fuera interrogado ante un Tribunal diga para defenderse quién le ordenó ese chivatazo. Entonces es muy probable que sus superiores quedaran sujetos también a la vía de la responsabilidad penal.
¿Quién ordenó el chivatazo?. ¿Fue el Ministro del Interior por su propia iniciativa?. ¿Fue siguiendo instrucciones del Presidente?.Sea como fuere no vale marear la perdiz invocando falazmente la unidad antiterrorista para pedir silencio porque ésta no sirve para amparar delitos repugnantes. Aquéllas son las preguntas fundamentales que el Ministro del Interior se niega a contestar ante los representantes de la soberanía nacional. Esa actitud denota un punto de coincidencia en el desprecio a sus obligaciones legales que es muy similar al que se dio para planear e impulsar el chivatazo. El colmo del cinismo es que Rubalcaba aún haya tenido la osadía de decir que tan solo recuerda que el día de autos – el día de la ignominia y de la vergüenza – fue una “jornada tranquila” en el seno de su Ministerio. Mandar que policías salven a terroristas es un crimen que no tiene perdón por mucho que el Gobierno quiera esconderlo a toda costa. La sociedad española tiene derecho a saber quién la traicionó. Por eso al servicio de la verdad y para que paguen los culpables insistiré sin miedo ni desmayo manteniendo mi voz alta y clara hasta el final.
Ignacio Gil Lázaro es diputado por Valencia del Partido Popular. |
