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Por Esperanza Castro
Parece que la prohibición de los anuncios de prostitución va en serio. Hasta el propio Zapatero –y hay que aplaudirle por ello– se ha expresado en contra y el Gobierno ha pedido un informe al Consejo de Estado, que ha encomendado la ponencia a Miguel Herrero de Miñón. Las empresas periodísticas están alarmadas ante lo que puede ser una gran merma de sus ingresos. De los periódicos de tirada nacional sólo Público, La Razón y La Gaceta se abstienen de actuar como proxenetas, pues no es otra cosa el lucrarse con los “servicios sexuales” de las prostitutas facilitando la captación de clientes.
Sorprende que la señora Aido sea la abanderada de esta campaña que podría ser tildada de “moralista”, aunque algunos piensan que no hay ninguna intención de tal naturaleza en su postura. Digo esto porque mientras pretende dar lecciones de moralidad pública, es la impulsora de una ley que permite acabar con la vida de seres inocentes, convirtiendo en un derecho lo que hasta ahora no era más que una “despenalización” en determinados supuestos de un delito que sigue tipificado como tal en el Código Penal.
El Tribunal Constitucional no ha querido suspender la aplicación de la nueva ley. Ha vuelto a dar el espectáculo de su división interna. Veremos qué pasa cuando resuelva el recurso presentado por el Partido Popular. Según su propia doctrina, la protección del “nasciturus” es un deber constitucional derivado de la tajante proclamación del artículo 15 según el cual “todos tienen derecho a la vida”. La mujer no es “dueña” del ser que lleva en su seno y, por tanto, es una aberración sostener que matar al “nasciturus” es un derecho. Al hacerlo no sólo viola el derecho fundamental a al vida sino pisotea su propia dignidad como persona. |
